Por Agustina Quispe Macias:

En cada proceso electoral, sea para la presidencia, gobernaciones o alcaldías, existe un enorme despliegue de recursos económicos destinados a campañas políticas. Gigantografías, caravanas, propaganda masiva, conciertos, movilizaciones y publicidad en medios tradicionales y digitales reflejan inversiones millonarias que muchas veces superan ampliamente lo que se destina a sectores fundamentales como la educación.

En las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, el Estado destinó aproximadamente 330 millones de bolivianos para la organización del proceso electoral a través del Tribunal Supremo Electoral.

En medios de comunicación como El Deber se visualizó que algunos candidatos reconocieron que el gasto de sus campañas podía llegar a 10 millones de bolivianos.

En otros medios se mostró que en publicidad digital en redes sociales como Facebook, los candidatos presidenciales invirtieron más de 2,3 millones de bolivianos, con campañas individuales cercanas al millón de bolivianos. �

Las campañas políticas movilizan decenas de millones de bolivianos en propaganda electoral, mientras que muchas instituciones educativas continúan operando con recursos mínimos.

En Bolivia, donde el derecho a la educación está reconocido en la Constitución y en normas educativas como la Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez, es lamentable observar el contraste entre el gasto político y la realidad que viven muchos centros educativos, especialmente los de Educación Alternativa.

Los Centros de Educación Alternativa (CEA), que atienden a jóvenes y adultos que esperan prepararse en carreras técnicas o que no pudieron culminar estudios para el bachillerato en el sistema regular, enfrentan múltiples dificultades, al encontrarse sin los recursos y medios suficientes: infraestructura insuficiente o sin infraestructura, escaso equipamiento, falta de materiales educativos y limitados recursos tecnológicos. En muchos casos, los estudiantes deben compartir mobiliario deteriorado o asistir a clases en ambientes que no reúnen condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Paradójicamente, los centros de educación alternativa cumplen una función social fundamental: brindar oportunidades de educación a personas que trabajan, que sostienen a sus familias o que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante la formación técnica. La educación alternativa no solo alfabetiza o certifica estudios u ofrece bachillerato, también fortalece capacidades productivas, comunitarias y ciudadanas.

Por el contrario, mientras los recursos públicos y privados se orientan con gran intensidad hacia campañas electorales, la inversión sostenida en educación, sobretodo en la educación alternativa, continúa siendo insuficiente. Evidenciando claramente una distorsión de prioridades que afecta directamente el desarrollo social y humano.

Una democracia sólida debería por la calidad de vida y las oportunidades que ofrece a su población sobretodo la vulnerable. Invertir en educación, particularmente en sectores históricamente relegados como la educación alternativa, es apostar por el desarrollo del país, la reducción de desigualdades y la construcción de ciudadanía.

Por ello, más allá de los discursos políticos totalmente demagógicos en algunos acasos y falsas en otros , resulta imperioso replantear las prioridades del gasto público y exigir mayor transparencia y responsabilidad en el financiamiento de campañas electorales. Cada recurso económico destinado al espectáculo político podría representar, en cambio, mejoras en una infraestructura, mejores aulas, equipamiento pertinente, tecnología y oportunidades para miles de jóvenes y adultos que buscan en la educación alternativa una segunda oportunidad para mejorar sus condiciones de vida personal y familiar.

Debería repensarse en que fortalecer la educación de personas jóvenes y adultas no es sólo una política educativa, es una decisión ética y social que define el tipo de sociedad que se desea construir en esta nueva era proyectándose en el futuro.